“[Es] correcto decir que, en última instancia, el núcleo del problema puede expresarse en cuatro palabras: “el monopolio del crédito”; y que la solución a ese problema está contenida también en cuatro palabras: “la distribución del crédito”.
C. H. Douglas, Major C. H. Douglas Speaks (Sidney: Douglas Social Credit Association, 1933), 10.
La entrada en el blog del pasado mes explicaba lo que los Creditistas Sociales quieren decir cuando se refieren al “monopolio del crédito”: What is the 'Monopoly of Credit'?. En esta entrada examinaremos por qué el “monopolio del crédito” constituye un problema y lo que el Crédito Social propone hacer con él.
Una vez que se descubre que los bancos privados, en lugar de actuar como meros intermediarios entre los prestatarios y los prestamistas, en realidad se dedican a crear la mayor parte de la oferta monetaria ex nihilo en forma de números intangibles (es decir, crédito bancario), resulta fácil para el potencial reformador financiero creer que el asunto principal consiste en el hecho de que los bancos han usurpado fraudulentamente lo que debería considerarse como una función propia del gobierno o del estado, esto es, la provisión de la oferta monetaria, y que, al cargar importantes sumas en forma de interés y de otras comisiones, los bancos está explotando al resto de la comunidad en beneficio propio.
El verdadero análisis del Crédito Social, sin embargo, apunta hacia otra y más profunda dirección. Aquello que resulta ser el principal responsable de hacer que el “monopolio del crédito” constituya un problema –incluso en relación a esos asuntos particulares que preocupan e interesan con toda razón a los habituales reformadores financieros (es decir, las cuestiones concernientes a la falta de transparencia del banco al crear el crédito; su control en la asignación del crédito y, a partir de ahí, su control de la política económica; y los beneficios sustanciosos así como el poder que se adjudican en nombre del monopolio del crédito)– radica en el defecto de contabilidad existente en el sistema de precios de la economía.
Lo que Douglas descubrió fue que –al margen de cualquier cuestión sobre el interés o la usura– la práctica bancaria habitual (que implica los ciclos de creación y destrucción de crédito a través de los préstamos y sus devoluciones), en conjunción con las convenciones normales que gobiernan la contabilidad de los costes industriales, daban como resultado un aumento gradual de los costes –y, por tanto, de los precios– en el sistema industrial a un ritmo mayor al que los ingresos estaban siendo simultáneamente distribuidos a los consumidores en forma de sueldos, salarios y dividendos. De manera más precisa, el capital real (es decir, fábricas, maquinas, equipo, etc.) conllevan costes contables (esto es, cargas por gastos de capital y cargas por gastos de operación) que son cargados dentro del flujo de precios, pero que no son distribuibles como ingresos corrientes a los consumidores. Los precios de los bienes a la venta quedarían automáticamente equilibrados con el poder de compra del consumidor si el sistema financiero contabilizara correctamente el proceso de producción, y siempre representara esos incrementos en los precios con un incremento correspondiente en el poder adquisitivo del consumidor. Desafortunadamente, no lo hace; no es autoliquidable.
La única forma de poder rellenar esa brecha bajo el actual sistema financiero existente es confiar en que los gobiernos, y/o los negocios, y/o los consumidores obtengan dinero nuevo, adicional, a partir de alguna fuente [1]. Los préstamos para el incremento de la producción (también conocido como crecimiento económico), ya sea privada o pública, ya sea necesaria o no, incrementa el ritmo de flujo de ingresos a los consumidores sin que se incremente, en el mismo periodo de tiempo, el flujo de precios. Ya que hay un desfase de tiempo entre la inversión y la aparición de la producción resultante en el mercado, esa actividad puede compensar temporalmente la deficiencia en el poder adquisitivo del consumidor. La otra opción consiste en que los consumidores complementen sus ingresos directamente contrayendo préstamos al consumo o haciendo uso de descubiertos de varios tipos. En todos estos casos, la necesidad que la economía tiene de un incremento en la oferta monetaria solamente puede venir por medio de los bancos privados, ya que la prerrogativa de crear crédito bancario para su comercialización mercantil les pertenece a ellos.
Esto pone a los bancos privados en una muy envidiable posición de predominio. Puesto que los bancos reivindican la propiedad del crédito financiero que ellos crean (esto está implícito en el acto de prestarlo), ellos también ipso facto están afirmando su propiedad sobre el crédito real (que ellos no crearon). Esto, en sí, no constituiría un problema práctico si no hubiera una recurrente brecha entre los precios y los ingresos. Sin embargo, la existencia de esa brecha es lo que hace que aquella implícita reivindicación de propiedad constituya un enorme problema, porque permite a los bancos apropiarse del factor de producción que constituye el principal responsable de esa brecha, esto es, del capital real de la sociedad, en su propio beneficio y a expensas del ciudadano común. El acceso al flujo excedente de bienes y servicios que el capital real hace posible, únicamente puede permitirse a través préstamos que el gobierno, la corporación o el consumidor toma a partir de los bancos privados; y, de esta forma, dicho acceso únicamente podrá permitirse en términos que proporcionen una multitud de injustificados beneficios (incrementos en riqueza, poder y prestigio) a los bancos privados.
En resumen, la brecha en el sistema de precios proporciona a los bancos la oportunidad de ejercer el control financiero sobre la producción excedente de la sociedad. Les permite reivindicarse a ellos mismos como los principales beneficiarios del capital real. Puesto que ellos no crearon ese capital real, esta reivindicación no constituye más que una usurpación. Es esta desposesión a los propietarios legítimos del capital real (los ciudadanos comunes) lo que constituye el mal más grande inherente al “monopolio del crédito” de los bancos.
Los costes de permitir un monopolio privado egoísta para poder rellenar la brecha son extremadamente gravosos. En lugar de poder disfrutar de una abundancia de bienes y servicios queridos junto con un incremento del ocio, todo ello a partir de un sistema económico que fuera socialmente equitativo, medioambientalmente sostenible, e internacionalmente concordante, nos vemos acosados por las paradojas de la pobreza en medio de la abundancia y de la servidumbre en lugar de la libertad; por los recurrentes ciclos de auge y depresión; por la continua inflación (procedentes tanto del empuje de los costes como del tirón de la demanda); por la ineficiencia, despilfarro y sabotaje económicos; por los impuestos gravosos y a menudo en incremento; por el conflicto social; por la inmigración forzada; por la dislocación cultural; por la degradación medioambiental; y por los conflictos económicos internacionales que conducen a los conflictos militares y la guerra, etc.
La solución del Crédito Social al problema de la brecha y a la apropiación por la finanza del capital real, consiste en romper el monopolio del crédito de los bancos privados, confiando a un órgano del Estado, una Oficina de Crédito Nacional, con el encargo de crear suficiente crédito libre de deuda para cubrir la brecha y, a continuación, distribuirlo directa o indirectamente a los consumidores.
La naturaleza, volumen y asignación de este crédito compensatorio se basan en un principio fundamental del Crédito Social: si queremos que nuestro sistema financiero funcione eficientemente al servicio del bien común, debe representar fielmente los hechos físicos de la vida económica. En otras palabras, el sistema financiero debería reflejar la realidad.
Si la producción, por ejemplo, ya ha sido pagada en su totalidad por la comunidad en términos físicos –y ésta tendría que ser la situación, pues de lo contrario no habría producción ninguna– entonces dicha comunidad debería ser capaz de poder pagar por toda esa producción en términos financieros, sin necesidad de tener que ganar más dinero (a través de producción adicional y normalmente superflua, especialmente producción de capital y producción para la exportación, y proyectos y obras gubernamentales) ni tener que tomar prestado crédito adicional en forma de préstamos/líneas de crédito al consumidor. Todo esto constituye simplemente una exigencia de equidad, de llamar al pan, pan y al vino, vino, y de registrar correctamente en el plano financiero la correspondiente realidad física. Más aún, se reconocería el hecho de que el consumidor común, –a través de su participación en los recursos naturales de su tierra dados por Dios, su participación en la plusvalía que nace de la asociación (los beneficios que proceden de la asociación en grupo), y su participación en la herencia cultural (el legado técnico de científicos, ingenieros, inventores, organizadores, etc.)–, es el legítimo beneficiario del capital real de la sociedad. En el momento en que se procediera a rellenar la brecha, ésta debería pues rellenarse de tal forma que los intereses del consumidor (en obtener los bienes y servicios que él necesita para sobrevivir y desarrollarse, con la menor cantidad posible de trabajo y consumo de recursos) sean promovidos por encima de cualesquiera otros. Esto exige que el volumen de dinero que se necesita para distribuir el excedente económico –y que al mismo tiempo simultáneamente permita a los productores cubrir sus costes– sea emitido libremente, de una u otra forma, en beneficio de los consumidores.
Para este fin, el Crédito Social propone emitir una cierta proporción de crédito libre de deuda para rebajar los precios de los bienes al por menor mediante un porcentaje fijado para todos los ámbitos. La verdadera finalidad de la producción es el consumo, y el coste real o verdadero de cualquier producción viene dado por los factores específicos (materias primas, trabajo humano, maquinaria, etc.) que se han consumido en el curso de dicha producción. Debido a las cargas por gastos de capital (es decir, la devolución de préstamos del capital, etc.), el coste financiero de la producción excede al coste del consumo asociado. Para poder poner a los precios de los bienes y servicios finales en correlación con sus costes reales de producción, aquellos costes financieros han de ser rebajados conforme al mismo porcentaje en que corrientemente exceden al coste del consumo asociado. En otras palabras, la cargas por gastos de capital han de ser eliminadas de los precios. Los precios “justos” o compensados de esta naturaleza incrementarían el poder adquisitivo de los ingresos del consumidor, mientras que simultáneamente se proporcionaría a los minoristas crédito libre de deuda con el que poder cubrir la diferencia en los precios y así poder satisfacer sus costes. Uno podría pensar en el precio compensado como una típica venta a crédito.
El resto del crédito compensatorio libre de deuda se distribuiría directamente a cada consumidor, con independencia de estar o no empleado, en forma de Dividendo Nacional. Este flujo de dinero ayudaría a contrarrestar los gastos de operación y otras cargas para las cuales no se liberan ingresos al consumidor, o resulta insuficiente el volumen de los ingresos liberados al consumidor durante el transcurso de la producción normal. Adviértase que el fenómeno principal responsable de la brecha: la financiación y contabilidad de los costes del capital real, es el mismo fenómeno responsable del desempleo tecnológico. A medida que las máquinas hacen más y más el trabajo, la economía formal puede hacer un uso provechoso y rentable de cada vez menos y menos trabajo humano. Resulta, pues, muy apropiado que la brecha sea rellenada de tal forma que aquellos individuos cuya labor ya no sea más necesaria por el sistema industrial puedan, sin embargo, mantener un ingreso seguro y, con él, acceso a los bienes y servicios. El Dividendo Nacional mata dos pájaros de un tiro, y a su vez haría redundantes el Estado del Bienestar y los programas de trabajo.
Tanto el precio compensado o Descuento Nacional como el Dividendo Nacional han de ser emitidos en lugar de todos esos paliativos convencionales que se utilizan para rellenar o tratar de contener de alguna otra forma la brecha, y variarán en concordancia con las estadísticas pertinentes. De esta forma, no hay peligro de inflación por tirón de la demanda.
Al romper el monopolio del crédito de los bancos de esta manera, ello permitiría también recorrer un largo trecho hacia la eliminación, o al menos hacia una significativa mitigación, de aquellos temas que habitualmente interesan a los reformadores financieros en relación con la banca privada: la centralización de la riqueza, del poder y del prestigio en manos de los financieros. En contraposición, sin embargo, con muchas de aquellas otras propuestas de reforma financiera que se presentan por ahí afuera, las propuestas del Crédito Social conllevarían un buen número de otros beneficios en cadena: absoluta seguridad económica para todo ciudadano en lugar de pobreza y amenaza de pobreza; incremento del ocio en lugar de la servidumbre (es decir, liberación de la esclavitud salarial, de la deuda, y del empleo inútil, estúpido y/o destructivo); la eliminación de la carga de la deuda crónica e impagable de la sociedad así como de las cargas de interés que la acompañan; la eliminación del despilfarro y sabotaje económicos; reducción continua en los precios (a medida que fuera mejorando la tecnología) en lugar de inflación; impuestos mucho más bajos; mucha menos regulación e interferencia del gobierno; cooperación económica en lugar de una despiadada competencia; estabilidad social; la transformación de la civilización basada en el desencadenamiento del impulso creativo y el florecimiento tanto de una cultura popular como de una alta cultura; protección, conservación y reparación medioambiental; y comercio internacional mutuamente beneficioso, proporcionando así un sano fundamento para la paz mundial.
Todo lo que sea físicamente posible y deseable, debería ser financieramente posible. Todo lo que se requiere es alterar el sistema financiero de tal forma que éste represente correctamente los hechos físicos y el potencial de la economía real. En otras palabras, la finanza debería estar subordinada a las necesidades de la economía real. En la actualidad, la economía real está subordinada a las exigencias de la finanza. El objetivo del Crédito Social es poner a la finanza en el lugar que le corresponde, como sierva del auténtico bien común.
[1] Los préstamos de esta naturaleza tomados adicionalmente (o también exportando a cambio de dinero) constituyen la única forma de rellenar la brecha; no son, sin embargo, la única forma de lidiar con, o hacer frente a, esa brecha. Cuando la brecha no ha sido adecuadamente rellenada, las bancarrotas; ventas forzadas; ventas subvencionadas; destrucción de producción excedente (una forma de sabotaje económico); y la redistribución de ingresos tomados de los ahorradores/inversores para darlo a los pobres, etc…, todo ello puede ayudar a restablecer el equilibrio entre precios e ingresos.